La Dirección contra el Terrorismo detectó -en 2008 elaboró ​​un informe que, según el congresista Octavio Salazar, sigue vigente- que 802 docentes y personal administrativo que figuraban en la base de datos del Ministerio de Educación habían sido liberados o tenían antecedentes por delitos de terrorismo, traición contra la Nación y contra la tranquilidad pública.

La lista incluía personas de todas las regiones del país e incluso se registró el nombre de la escuela en la que trabajaba cada uno. Todos fueron identificados y localizados completamente.

Hace menos de dos años, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 019-2010-ED, que establece que los condenados por delitos de terrorismo “no podrán ingresar ni reingresar al servicio educativo aun cuando hayan sido declarados rehabilitados”.

La norma también faculta a las autoridades educativas para sacar de las aulas a los profesores que se dediquen al proselitismo político o que estén vinculados a delitos terroristas.

Salazar especifica que dicho decreto impide el ingreso de terroristas a las escuelas a partir de 2010, pero advierte que hay cientos de reos que ingresaron antes de esa fecha y que continúan en el cargo.