EDUCACIÓN. En los últimos siete meses, profesores, alumnos, padres de familia y propietarios de escuelas han tenido que sufrir uno y mil cambios, y no todos se han manejado de la mejor manera. Por si fuera poco, en las últimas semanas tanto el Ministerio de Educación como el Congreso han tomado medidas que golpean a este sector que ya está más afectado.
Los parlamentarios aprobaron -en apenas 15 minutos de debate- la reincorporación de 14.000 docentes que no tenían título o no habían superado sus evaluaciones. Gracias a las innumerables críticas que recibieron, decidieron reconsiderar la votación y devolver el proyecto a la Comisión de Educación. Una medida adecuada si se considera que es el momento de dar mayor peso a la meritocracia y a todos aquellos docentes que sí se esfuerzan. Pero esto no es suficiente. Es necesario que los criterios de evaluación estén claramente establecidos y que el Estado no cese en sus esfuerzos por mejorar la profesión docente más allá de las presiones que se puedan generar.
Por otro lado, el ministro de Educación, Martín Benavides, inicialmente anunció que el próximo año las clases serían presenciales desde principios de año, pero luego tuvo que ser corregido por el viceministro de Gestión Institucional, Sandro. Parodi, quien especificó que las clases de regreso tendrán un enfoque bastante flexible, ya que no se puede garantizar que regresen en marzo. Esta es una afirmación más cercana a la realidad, ya que el ministerio aún no ha informado si todas las escuelas públicas ya cuentan con la infraestructura necesaria para cumplir con los protocolos de salud que se requieren en medio de esta pandemia. ¿Cuántos centros educativos aún no cuentan con agua y desagüe? ¿Cuántas obras de mejora de infraestructura se han realizado en estos meses? ¿Cómo se manejará el tema de la capacidad, especialmente cuando, debido a las transferencias ocurridas este año, el número de estudiantes en muchas escuelas ha excedido el límite normal?
Otro punto sobre el que no hay claridad es sobre cómo será el aprendizaje de este año, aunque inicialmente la viceministra de Educación, Mariela Marchena, dijo que todos los alumnos aprobarían el año, luego se especificó que no habría aprobación automática. Aún no hay nada claro.
Este tipo de declaraciones solo evidencian la falta de una ruta clara en la labor que realiza el Gobierno en un sector tan sensible, sobre todo si se tiene en cuenta que los niños no pueden ser vacunados y tienen más probabilidades de ser portadores asintomáticos de la enfermedad. virus. Las autoridades ya deberían haber aprendido a tener claras sus ideas antes de declarar.
