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En noviembre de 2020 asumimos la responsabilidad de dirigir el Poder Ejecutivo en medio de la crisis más profunda de los últimos 100 años de nuestra historia, generada por el virus COVID-19 y el descontento de la ciudadanía con sus autoridades, expresado en la calles Sumado a las desigualdades en el acceso a la salud, educación de calidad, vivienda digna, seguridad alimentaria y trabajo, nuestras instituciones
democráticos revelaron su precariedad. Fue un contexto muy triste, por la pérdida de Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como por los heridos de las movilizaciones que se dieron entre el 10 y el 14 de noviembre. Por lo tanto, la deuda con ellos y la ciudadanía es de largo plazo.
Cuando se inició la gestión del Gobierno de Transición y Emergencia, el 17 de noviembre de 2020, encontramos una gran debilidad institucional. Esto se evidencia en la alta volatilidad de ministros en el período de julio de 2016 a noviembre de 20201, siendo el último mes el más crítico: se juramentaron 3 gabinetes; es decir, 55 ministros, incluida nuestra administración. A la situación descrita se sumaba la ausencia de un traspaso de la gestión gubernamental y sectorial. La transferencia fue únicamente documental y correspondiente a los 2 últimos trámites.
En este contexto, como Gobierno de Transición y Emergencia, pedimos al pueblo peruano su confianza e iniciamos el proceso con la convicción de que nuestro Estado tiene que llegar a todos los ciudadanos. Para ello, determinamos que en este corto período de gobierno, los sectores trabajen coordinados entre sí y con las autoridades locales y regionales, bajo un enfoque de gestión descentralizada de los servicios públicos.
Asimismo, nos comprometimos a orientar nuestras acciones en cinco líneas prioritarias:
- Elecciones, neutralidad y traslado ordenado
- Medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19
- Reactivación económica
- Educación
- Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción
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FUENTE: GOBIERNO DEL PERÚ
