COMPRENSIÓN. Como es bien sabido por todos los peruanos (sin siquiera la necesidad de una prueba que nos demuestre), nuestro sistema educativo no funciona. O funciona realmente mal, de todos modos. Eso no significa, por supuesto, que no se pueda empeorar. Prueba de lo anterior es el proyecto de ley universitario, que recientemente ha sido aprobado por la Comisión de Educación.
El nuevo proyecto de ley universitaria, impulsado por el congresista Daniel Mora, parte de un problema inicial: asume que la cantidad de universidades peruanas en el mercado – particularmente las de capital privado, como si fuera inmoral buscar lucro en este sector – es la principal factor que incide en la baja calidad de la educación superior. Baste señalar que ante la proliferación de estas universidades teníamos el mismo problema para descartar, mediante el uso de la lógica, este fenómeno como la causa del problema.
Sin embargo, la solución propuesta es aún peor. De aprobarse el proyecto, una superintendencia (Suneau) adscrita al Ministerio de Educación será la entidad encargada de supervisar la calidad, supervisar el uso de los recursos y autorizar la apertura de cualquier universidad, privada o pública. Es decir, todo debe pasar por la burocracia estatal aunque, como se sabe, el estado no representa exactamente un estándar de calidad en lo que a educación se refiere. Como prueba de su baja credibilidad como garante de la calidad educativa, solo cinco facultades han sido acreditadas por Sineace en los últimos siete años, mientras que la acreditación fue voluntaria.
Contrariamente al razonamiento de Mora, el problema de la calidad se vio agravado por la demanda insatisfecha; es decir, por la falta de universidades. Ante esta oportunidad, las instituciones de educación superior comenzaron a multiplicarse para capturar dicho excedente sin necesidad de ofrecer un valor real de retorno.
Como ya lo hemos propuesto anteriormente, una opción para solucionar el problema de la educación superior deficiente, además de políticas públicas adecuadas, es la implementación de una herramienta que permita a los usuarios identificar con anticipación este tipo de centros para que, así, dejen de elegir ellos. Ya se había avanzado un paso en esta dirección con el anuncio de un observatorio con información de acceso público como parte del programa ProCalidad. Ahora estamos retrocediendo más de dos pasos.
