La aprobación de la Ley de Reforma Docente establece un cambio importante al hacer obligatoria la evaluación periódica de todos los docentes del país, y al contemplar la eliminación de la estabilidad laboral defendida por la Sutep en la Ley del Docente, destacó Macroconsult en su Informe Semanal.
Respecto a este último punto, cabe señalar que, bajo dicha regla, un docente pierde el puesto de docente si no aprueba dicho examen a pesar de tener dos oportunidades adicionales.
La consultora enfatizó que el primer desafío será evaluar alrededor de 350,000 maestros para la calificación de desempeño en un período de tiempo razonablemente rápido. Mientras tanto, si el Ministerio de Educación, encabezado por Patricia Salas, desea completar la evaluación antes mencionada en el resto del actual gobierno, entonces deberá evaluar aproximadamente 100.000 docentes por año.
Este esfuerzo requerirá del Minedu una mayor capacidad organizativa operativa y logística. Sin embargo, según el consultor, la eficiencia en el desempeño de sus funciones no ha sido una característica del actual ministerio.
En ese sentido, recordó que la ejecución presupuestaria para 2011 alcanzó el 85%, mientras que hasta noviembre de este año el Ministerio de Hacienda ejecutó el 61% del total asignado.
Si bien la consultora destaca la aprobación de la citada ley con miras a elevar la calidad de la educación pública, también señaló que esta norma “nació con enemigos importantes, como Sutep y su ala radical, Conare”, por lo que la aplicación de la ley será un desafío complejo que pondrá a prueba la capacidad ejecutiva y operativa del Ministerio de Educación.
