Esta semana se publicó la Resolución Ministerial 368-2021-MINEDU, que aprueba el Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Privado. Ya se han dado las primeras reacciones al mismo: preocupación por la meta establecida en junio de 2022: 50% de servicios y programas de educación básica en modalidad semipresencial y presencial. Los impactos en el aprendizaje y en la salud mental de niños y jóvenes por el cierre de escuelas han sido tan grandes que es necesario ajustar ese objetivo.

Sabemos que el desafío es grande y requiere un presupuesto importante, pero si hay que definir una prioridad de esta gestión es el regreso a las aulas del 100% de los estudiantes a nivel nacional para marzo de 2022. El cierre de escuelas está causando daños enormes académicos y como he mencionado en columnas anteriores, el daño emocional es aún mayor.

Entonces, ¿por qué establecer una meta como esta? Los procesos de vacunación continúan, ya estamos vacunando a los mayores de 25 años; Estoy seguro de que muy pronto las autoridades sanitarias mundiales aprobarán vacunas para niños menores de 12 años; La vacunación para docentes ya comenzó hace unas semanas y llevamos dos años cerrados las escuelas, tiempo suficiente para haber hecho todos los ajustes necesarios para cumplir con los protocolos de salud.

Tenemos que aprender a convivir con este virus, tomar las precauciones necesarias y tener en cuenta la experiencia internacional nos muestra que las escuelas no aumentan las infecciones y, finalmente, hoy los niños pueden ir al cine, a los parques, a los estadios, a los centros comerciales, pero no a las escuelas.

Espero que las autoridades educativas revisen esta meta, tenemos que recuperar el tiempo perdido, público y privado, debemos compartir esta meta y cooperar entre nosotros porque no podemos hipotecar el futuro del país.