Lejos de la canasta. Los jubilados que cobran el mínimo cubren menos del 40% del total.
Pensiones muy bajas, casi ridículas, una inflación que no encuentra techo, un dólar que sigue el mismo camino… La ecuación da un resultado trágico: siete de cada diez jubilados argentinos no pueden pagar los gastos mínimos para sobrevivir.
El dato surge de un estudio de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que dirige Eugenio Semino, a partir del cálculo de la canasta básica para los abuelos, que en julio subió a 21.127 pesos por incrementos en alimentos, medicinas y servicios de vivienda.
Según el diario «Página 12», la Canasta Básica de Jubilados alivia los gastos de vivienda, alimentación y medicamentos de los jubilados de la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, Córdoba capital y Rosario, los grandes centros urbanos en los que se concentra. . el mayor número de adultos mayores.
En relación a la medición anterior, al cierre de abril el incremento de la canasta fue de 8.67%, y de 20.6% con respecto a noviembre de 2017. Los números muestran una gran brecha con el patrimonio de los jubilados que reciben un mínimo de 8,096 pesos, que el próximo mes llegará a 8.637.
“Los jubilados corren aventuras ante una sociedad que naturalizó que envejecer es ser pobre”, dijo Semino, en entrevista con “Página 12”.
La Defensoría del Pueblo publicó una medida de emergencia ante la reciente devaluación del peso y el repunte de la inflación, que en julio llegó a 3,1% y acumula un incremento de 19,6% en 2018. La jubilación mínima se ubica en 8.200 pesos.
Semino advirtió que “en la Argentina con 8 mil pesos no puede vivir nadie y estamos hablando de un universo de 7 millones de personas. Si bien la Canasta Básica de Retiro se mide semestralmente en mayo y diciembre, debido al aumento desproporcionado de la inflación, incorporamos una medición extra en agosto, tal como sucedió en 2014 y 2016, años con altos niveles de inflación.
El defensor de la Tercera Edad agregó que dentro de este grupo hay 1,3 millones de argentinos que reciben pensiones no contributivas, la mayoría son personas con discapacidad, que enfrentan “condiciones de subconsumo”, ya que reciben 6 mil pesos mensuales.
Semino señaló que en los últimos seis meses los insumos de farmacia, que no están considerados dentro de los medicamentos que cubren las obras sociales, tuvieron incrementos de hasta un 30% debido a que están dolarizados.
El defensor llamó al Gobierno nacional a tomar cartas en el asunto con urgencia, y no con medidas de “maquillaje”, sino con una solución de fondo: subir las pensiones más allá de lo que marca la Ley de Movilidad para el Retiro, hasta cubrir la Canasta Básica.
“Lo que hace falta es una recomposición inmediata, más allá de discutir un punto más o menos en la movilidad de los jubilados”, aseguró Semino y exigió que ese hipotético pago extra sea cubierto con dinero del Fondo de Garantía de Sostenibilidad, que administra la Anses y cuyo patrimonio figura como herramientas de liquidez para llegar a acuerdos firmados como el firmado recientemente con el FMI.
“El Fondo de Garantía de Sostenibilidad, en lugar de estar a disposición de los organismos multilaterales, debe estar en el único lugar seguro: el bolsillo de los jubilados, que genera impuestos y trabaja con consumo interno”, aseguró el titular de la Defensoría del Pueblo y reclamó “Discutir este tipo de cosa y no cómo se sigue reduciendo la miseria de quienes constituyen un tercio de nuestra población”
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