Este lunes 22 de noviembre la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso se reunió con 26 rectores universitarios con licencia denegada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), entre ellos se encuentra Telesup, del parlamentario con serias dudas José Luna. Galvez.
La casa de estudios, que albergaba a más de 20.000 estudiantes en sus siete locales de Lima, no recibió, en mayo de 2019, autorización del organismo adscrito al Ministerio de Educación (Minedu) por no cumplir con ninguno de los ocho Básicos. Condiciones de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.
Entre las razones estuvo que la universidad no pudo acreditar los estándares mínimos de seguridad en algunas de sus sedes. Por ejemplo, en La Victoria. Según Sunedu, la infraestructura no estaba equipada para recibir alrededor de 7,000 estudiantes y tampoco para brindar servicios educativos. Aquí está la lista completa de razones por las que no tenía licencia.
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- Telesup no tiene una propuesta educativa consistente y claramente definida.
- No cuenta con información exacta sobre el número de horas lectivas, créditos y tipo de estudio de los cursos o carreras ofertados.
- No cuenta con un sistema adecuado para el manejo de residuos sólidos y líquidos peligrosos en sus instalaciones de Ancón, Chosica y San Juan de Lurigancho (SJL).
- No ha implementado una propuesta de investigación institucionalizada que garantice la producción de conocimiento.
- Los recursos desarrollados por la universidad para conocer la situación laboral de sus egresados no son suficientes ni pertinentes.
- De los 95 convenios firmados por el centro de estudios para facilitar las prácticas entre sus estudiantes, solo uno de ellos se benefició de estos esfuerzos.
- Las investigaciones de los profesores de la casa de estudios tuvieron muchas similitudes con trabajos de otros autores. Al respecto, Telesup no tomó las medidas correspondientes para investigar estos hechos.
Telesup, en su sede de San Juan de Lurigancho, construyó un muro que simulaba siete pisos. Foto: Andina
¿Qué pasó con los estudiantes?
Sunedu otorgó a Telesup un plazo de dos años para el cierre definitivo de sus puertas en todas sus ubicaciones, el cual se completó el 12 de octubre de este año. Durante ese tiempo, la universidad tuvo que ofrecer alternativas viables a sus estudiantes para que pudieran trasladarse a otros establecimientos autorizados para completar sus carreras.
El Minedu e Indecopi monitorearon este proceso para que se desarrolle de manera ordenada y respetando los derechos de los estudiantes.
Sin embargo, hace un par de semanas, los universitarios marcharon para pedirle a Sunedu que ampliara el despido para que pudieran completar sus estudios en el centro José Luna Gálvez, ya que otras universidades no les estarían permitiendo convalidar sus ciclos académicos, lo que provocaría que se retrasen durante varios años.
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Los jóvenes salieron a las calles para que las autoridades escuchen sus demandas. Foto: Gianella Aguirre / La República
Telesup interpuso recurso de apelación para seguir operando
En junio de 2019, Telesup interpuso un recurso de apelación para anular la decisión de Sunedu, que comenzó a operar en 2015. Este bajo el argumento de que el organismo violó los principios de igualdad frente a otras universidades. Así, los representantes pidieron más tiempo para adaptarse a la Ley Universitaria.
Meses después, precisamente en octubre, la empresa del congresista y titular del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, emitió un comunicado asegurando que el Poder Judicial estaba de acuerdo con ellos, para que pudieran reactivar sus actividades académicas.
“La medida cautelar se otorga en virtud de los principios del mejor interés del estudiante. Por ello, Telesup sigue implementando mecanismos que aprueban las condiciones básicas de calidad establecidas en la Ley Universitaria ”, precisó en la carta que se publicó en todas sus redes sociales.
La declaración del centro de estudios se publicó el 9 de octubre de 2019. Foto: Telesup
Posteriormente y mediante carta notarial, le dieron a Sunedu un plazo de 24 horas para respetar la decisión del juez. Alberto Cohen Vela, de Segundo Juzgado Civil de Bagua (Amazonas), que falló a favor del centro de estudios. Esto sucedió a fines de 2020.
Si el organismo adscrito al Ministerio de Educación mostraba resistencia, Luis Felipe Luna Morales, entonces gerente general, advirtió que serían denunciados penalmente por los delitos de desobediencia a la autoridad, falsificación documental, falsedad ideológica y falsedad genérica.
Este pronunciamiento se produjo horas después de la El presidente del Consejo de Ministros de Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz, se felicita de que las universidades con licencia denegada tengan una segunda oportunidad.
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“Esa es mi opinión personal, no voy a hacer nada al respecto, personalmente pienso que debe haber igualdad entre lo privado y lo público. ¿Por qué a uno se le da una segunda oportunidad y por qué no a otro? Pero ese no es el tema”. de estos meses ”, dijo el exjefe de la PCM a Canal N.
Sin embargo, y tras la polémica que generó, todo se vino abajo para la familia Luna, dueña del Consorcio Telesup. Primero, optaron por retirar la carta contra Sunedu y luego se hizo de conocimiento público que Alberto Cohen Vela, Magistrado civil supernumerario especializado del Segundo Juzgado Civil Permanente de Bagua, dimitió por “razones estrictamente personales y familiares que no pueden postergarse”..
Se conoció que la autoridad declinó su cargo luego de que la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura (Odecma) de la Corte Superior de Amazonas abriera un proceso por presuntamente otorgar sentencia a favor de Telesup.
Congreso y Derecho Universitario
Este nuevo Congreso, además de extender el bachillerato automático hasta 2023, también ha presentado otras contrarreformas que debilitan la Ley Universitaria. Por ejemplo, el parlamentario Edgar Tello, de Perú Libre, presentó un proyecto de ley que favorece a las universidades con licencias denegadas.
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Aunque este no es el único texto que pone en peligro la dependencia del organismo adscrito al Ministerio de Educación. En una de sus últimas sesiones, la Comisión de Educación puso en agenda el proyecto de ley que busca cambiar la composición de Sunedu para sumar representantes de universidades. Esta cifra es muy similar a la que se aplicó en la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
