La crisis de salud y económica provocó una transferencia significativa de estudiantes a las escuelas públicas durante 2020 y un abandono de la educación superior. Muchas escuelas han cerrado sus puertas de forma permanente y otras siguen luchando por sobrevivir a esta difícil situación. En 2021 se ha iniciado un proceso de recuperación en la matrícula escolar y la educación superior; Sin embargo, en el Congreso de la República insisten en discutir proyectos de ley que se originaron al inicio de la pandemia, cuando hoy la situación es diferente.
Las propuestas normativas proponen el control de precios de las pensiones, medida que -además de inconstitucional- no considera que muchas escuelas hayan reajustado sus pensiones y reducido sus costos operativos. Por otro lado, se pretende definir la estructura de costos de los centros de educación básica sin considerar conceptos que las escuelas están obligadas a pagar.
Hoy los padres, en el caso de la educación básica, conocen la estructura de costos de las escuelas donde estudian sus hijos, han podido elegir y muchos han decidido continuar en ellas. Por todo ello, las facturas en cuestión están desactualizadas y no son necesarias.
Lo que nuestro país necesita es una legislación que asegure que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, comenzando por la educación pública, que en el caso de la educación básica mantiene al 75% de los estudiantes, mientras que en el 40% superior. La educación pública no es gratuita, cuesta a todos los peruanos, por lo que debemos exigir que las autoridades trabajen para brindar soluciones viables al sector que concentra la mayor cantidad de estudiantes en nuestro país y en el que podemos generar el impacto más positivo. por nuestro querido Perú.
