Desde marzo de 2022, las universidades públicas y privadas planean reabrir sus puertas para ofrecer progresivamente clases semipresenciales, dando mayor énfasis a carreras como Ciencias de la Salud e Ingeniería. Las asociaciones que las agrupan coinciden en esto, aunque cada una lo hará en la fecha y bajo el proceso que decida. Por ahora, se ha descartado una devolución total.
En lo que también coinciden las universidades nacionales es en que los recursos asignados por el Gobierno son insuficientes para garantizar la limitada capacidad, conectividad y laboratorios en esta vuelta. La Asociación Nacional de Universidades Públicas (Anupp) y los últimos esfuerzos del Ministerio de Educación (Minedu) han advertido que el proyecto de ley de presupuesto 2022, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, otorga menos del 10% de lo solicitado por blendedness y la promoción de la calidad. “Lo que está en peligro es la prestación del servicio en las estatales. Existe el riesgo de que se pierdan los avances en estos años. Esto afecta a 360.000 estudiantes ”, advierte Jorge Mori, exdirector de Educación Superior Universitaria (Digesu) del Minedu, quien hizo las propuestas.
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A esto se suma que apenas cuatro meses después de la apertura, el sector aún no ha publicado la nueva norma que debe orientar a las autoridades universitarias en la ejecución del blendedness, aunque asegura que su revisión está en manos de Sunedu. Este último, por su parte, ya no obligará hasta diciembre de 2022 a cambiar las licencias para ofrecer esta modalidad. Mientras tanto, el Ministerio de Salud asegura que ya entregó su protocolo a los rectores; sin embargo, señalan que la propuesta carece de aspectos de afinación relacionados con comedores, bibliotecas y laboratorios.
La República tuvo acceso a una de las últimas versiones del documento con los lineamientos de la Minedu para las clases del 2022. En este se habla de un modelo híbrido, que integrará la enseñanza presencial con la educación a distancia. El porcentaje de cada uno lo decidirá la universidad, que deberá informar a Sunedu.
Según la norma, aún sujeta a cambios, las universidades podrán convocar a sus alumnos y profesores teniendo en cuenta determinadas características: grupos de riesgo, medios de transporte, dificultades de conexión, discapacidad, lugar de residencia, alto contagio, entre otros.
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Las clases, además, podrán ser simultáneas; es decir, con un grupo en el campus y el otro viendo la transmisión desde sus hogares; también se mezclarán; replicado en paralelo; y rotando por grupos (ver tabla).
De esta forma, se espera implementar el servicio mixto para más de un millón de estudiantes públicos y privados, aunque cada uno progresa a ritmos diferentes. En San Marcos, con cerca de 40.000 alumnos, el plan es comenzar en marzo de 2022 con el 60% o 70% de su población, priorizando Ciencias Médicas y Básicas, e Ingeniería. En tanto, Ciencias Sociales y Letras tendrán una mayor proporción no presencial, según el rector Jeri Ramón.
Otro que requiere de clases más prácticas por la naturaleza de sus carreras es la Universidad Nacional Agraria La Molina, cuyo rector Américo Guevara explicó que las facultades priorizarán los cursos más importantes para el trabajo semipresencial.
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Salas de acondicionamiento
Después de dos años cerrados, y en base a las regulaciones vigentes de bioseguridad, La mayoría de las instituciones demandan una remodelación de sus laboratorios, mantenimiento de equipos y servicios básicos. Así, para cumplir con el distanciamiento social, un aula de laboratorio normal debe estar dividida en dos o tres aulas. “Eso implica habilitar más espacios, triplicar el número de docentes. También debe garantizarse la conectividad. Se necesita un presupuesto fuerte para la presencia, pero en lugar de aumentar, ha disminuido ”, explica Ramón, también presidente de Anupp.
En esta línea, Jorge Mori, señala que el MEF recortó lo solicitado durante su mandato (hasta septiembre) y no ha dado más recursos para asistencia mixta dentro del proyecto de presupuesto que se definirá en el Congreso.
Según su propuesta, la solicitud de asistencia mixta y calidad universitaria fue de 894 millones de soles, pero el MEF destinó 87 millones (menos del 10%). Mientras tanto, de los más de 107 millones exigidos para ampliar la oferta en 2022, se otorgan 48 millones. Por conectividad pidieron más de 175 millones y les dan 4 millones.
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Desde el sector aseguran que han enviado solicitudes de modificaciones al Congreso.
Vacunas y pensiones
Hace más de un mes, el Minsa dijo que para el regreso a las aulas será requisito tener dos dosis de la vacuna. La Agraria afirma que lo exigirá, al igual que la Universidad de Ucayali. Por su parte, San Marcos aún evaluará qué medidas aplicar a quienes no están vacunados.
La Asociación de Universidades del Perú (ASUP) aún no tiene un cargo institucional; sin embargo, su rector Iván Rodríguez, también rector de la Universidad Ricardo Palma, lo considera necesario.
Otro punto son las pensiones en las privadas. Rodríguez especifica que cada institución decidirá si estos se mantienen o sufren cambios, ya que la mixtura implica ajustes presupuestarios. “Funcionará de forma híbrida y se realizarán inversiones. Dependiendo de los costos, se verá si los descuentos se mantienen o suspenden. Dependerá de la capacidad económica de cada alumno ”.
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Desde la Federación de Profesores de Universidades Públicas señalan que si bien consideran necesarias las clases presenciales, también dicen que varios no acudirán por su condición de vulnerabilidad; así como la falta de protocolos e infraestructura. Por su parte, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) exige con urgencia que se implemente una reapertura progresiva.
Congresistas con rectores de no egresados
La arremetida contra la reforma universitaria continúa desde el Congreso. Hoy el grupo de trabajo encargado de monitorear el proceso de licenciamiento recibirá, en persona, a los rectores de 26 universidades denegadas.
Esa lista incluye incluso a aquellos que no son reconocidos por el Sunedu, como el cuestionado Luis Cervantes Liñán, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
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Esta reunión tendrá lugar luego de que el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Esdras Medina, presentara dos proyectos de ley que buscan debilitar a Sunedu. Por un lado, pretende convertir a la Superintendencia en una nueva Asociación Nacional de Rectores (ANR); y por otro, busca dar una nueva oportunidad a las universidades a las que se les niega la licencia.
Reacciones
Jerí Ramón, rector UNMSM – Anupp
“Pedimos al Gobierno y al MEF que nos asignen más recursos. También buscamos esto en el Congreso. No hemos podido cubrir el presupuesto, porque no teníamos recursos recaudados directamente (en la admisión) ”.
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Américo Guevara, rector Agraria La Molina
“No hay suficientes recursos para regresar. Cada universidad tiene un requisito diferente. Soy presidente de la comisión de Presupuesto de Anupp y hemos realizado solicitudes. Todavía estamos esperando que nos atiendan ”.
Jorge Mori, exdirector del Minedu
“Este año hubo 66 millones de soles en conectividad, pero ahora asignan solo 4 millones. Dan 0 para centros de conectividad y 0 para más profesores. Es urgente publicar la regla de devolución. Digesu lo tenía listo en septiembre ”.