En “La entrevista”, Paola Ugaz habló con Jorge Mori, ex director ejecutivo de Educación Superior del Minedu, sobre las nuevas medidas para la vuelta a las clases presenciales que, pese a haber sido anunciadas, aún son inciertas. Además, argumentó que el Estado debe realizar un estudio para revelar el verdadero impacto en el sistema educativo pospandemia.
El 100% regresa a las aulas el 25 de abril, pero todos los docentes deben estar vacunados a más del 80% a nivel nacional. ¿Qué opinas de este anuncio?
Lo que falta en este momento es una mayor claridad sobre las normas y reglamentos que se están dando. Lo que uno ve en general es una desarticulación entre la narrativa que hizo surgir el PCMla Minsa y el Ministerio de Educación. Creo que ha habido presión de padres, asociaciones, especialistas para levantar estas restricciones, y creo que ha sido saludable, pero aún no ha salido la regla que determina cómo se va a implementar esto. Todavía hay una situación de incertidumbre.
El Gobierno aún puede hacer un mayor esfuerzo para dar coherencia o articulación a la normativa que se está proponiendo para la volver a clases. Desde el momento en que el gobierno toma una decisión, su implementación lleva meses. 2022 es un año muy crítico para lo que nos toca hacer, porque por un lado hay que atender las consecuencias de 2020 y 2021; y, por otro lado, mirar hacia adelante.
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¿A qué te refieres con secuelas?
Algo urgente que tiene que hacer el Gobierno y el Estado en general es continuar con los diagnósticos sobre la situación de aprendizaje y el salud mentaltanto de estudiantes como de docentes después del confinamiento, después de la educación virtual.
Mucho se habla de esto, pero lo cierto es que no hay evidencia precisa, no hay estadística que diga cuál fue el impacto en el aprendizaje. El Estado debe estar obligado a generar evidencia sobre el sistema. Él Ministerio de Educación Hay que aplicar encuestas, estudios para ver la gravedad de las consecuencias. Si no medimos estos puntos críticos, estamos en la oscuridad y no podremos tomar las medidas correctivas necesarias.
Mientras tanto, tenemos un Congreso que amenaza la educación superior. ¿Cómo explicar que los dueños de las universidades no quieran que sus alumnos tengan una educación de calidad?
Todo proceso de reforma tiene ganadores y perdedores. La diferencia es que hoy los ganadores son los estudiantes porque reciben un educación universitaria de mejor calidad, pero los perdedores son los empresarios que apostaron por una educación de mala calidad o autoridades que no estaban acostumbradas a tener la supervisión del Estado.
Aquellos grupos que fueron derrotados en 2014 ahora tienen representación política. En realidad el reforma universitaria es una apuesta por la calidad, pero aunque está hecha para proteger a jóvenes y padres, la verdad es que hay muchos intereses.
En ese sentido, ¿cómo ve el Gobierno de Pedro Castillo, que es profesor de vocación?
Creo que es la primera vez que Ejecutivo no tiene una posición fuerte a favor de reforma universitaria y, de alguna manera, se explica porque Pedro Castillo tiene una mirada más bien de los sindicatos, de ciertos grupos empresariales.
No debería sorprendernos demasiado cuál es la agenda de este gobierno. No tiene una posición clara en defensa de la Sunedu y, probablemente, eso ha desequilibrado la balanza, la ha hecho mucho más vulnerable.
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Entonces el saldo es negativo.
Desde Palacio y desde la agenda de la bancada de Perú librelo que se ve es más un espíritu de contrarreforma, una hostilidad abierta hacia el Sunedu.
