Si bien finalizó la segunda legislatura del periodo 2021-2022, aún quedan temas importantes que deberán ser atendidos tras la instalación de la nueva Junta Directiva de la Congreso y que deberán ser priorizados en el siguiente período que deberá iniciarse este 27 de julio, según el artículo 11 del Reglamento Legislativo.
De esta forma, la próxima legislatura del Pleno deberá revisar importantes reformas como la reforma bicameral, la derogación del Decreto Supremo firmado por Pedro Castillo para “hacerse cargo del Derrame Magistral”, la ley que penaliza la difusión de información en investigaciones fiscales. Próximo, una lista de los más relevantes
Ley de reforma constitucional que restablece el sistema bicameral
Si bien esta ley fue aprobada con 71 votos a favor el último día de la legislatura, este 15 de julio no alcanzó los 87 votos mínimos para evitar pasar por la consulta popular. Sin embargo, Apenas se supo que no se había alcanzado el mínimo de votos, la diputada Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, pidió la reconsideración de la votación.
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La decisión de Juárez se dio con la intención de que la propuesta sea debatida durante la próxima legislatura. Esta vez, con la esperanza de que la votación pueda superar los dos tercios mínimos del número de congresistas y sea aprobada sin necesidad de pasar por referéndum, que, como se conoció hace cinco años, rechazó dicha propuesta, ya que busca permitir la reelección de congresistas e incluso permite que los legisladores pasen de una cámara a otra luego de culminar su período parlamentario.
Ley que sanciona la difusión de información en las investigaciones fiscales
El proyecto de Ley 2508/2021-PE, presentado por la PCM, busca sancionar a jueces, fiscales y medios de comunicación que revelen o difundan información reservada incluida en alguna investigación.
La propuesta presentada por el Ejecutivo es conocida como una nueva “ley mordaza”, ya que pone en la mira de magistrados de la Fiscalía Nacional, jueces del Poder Judicial y periodistasque podría enfrentar hasta cuatro años de prisión por revelar detalles, documentos o procedimientos pertenecientes a una investigación.
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Distintas instituciones como la ANP, el IPyS y veedurías de derechos expresaron su descontento con el proyecto planteado por la PCM, pues consideran que este caso corresponde a una ley que podría incurrir en una vulneración a la libertad de expresión, y pone en peligro el ejercicio periodístico.
del Congreso, Diversos parlamentarios han manifestado su simpatía por dicho proyecto, que será evaluado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos apenas comience la nueva legislatura 2022-2023.
Ley que deroga el Decreto Supremo que busca capturar el Derrame Magisterial
Aunque es una ley específica, son varias las propuestas que se habrían presentado para frenar el intento del presidente Pedro Castillo de modificar el estatuto de la Derrame Docente, bajo el pretexto de “democratizar” dicha institución y buscar cambiar el directorio de la entidad. para que pase a un nuevo grupo encargado de elecciones anteriores realizadas por el Ministerio de Educación.
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Específicamente, el cambio buscaría beneficiar al sindicato de docentes Fenatep (Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú), organización fundada por el presidente y que exige que se implementen cambios en la institución docente lo antes posible.
Esta ley derogatoria Ha sido presentado por congresistas de varios partidos como el apepista Eduardo Salhuana o el fujimorista David Jiménez, y está siendo evaluado por la Comisión de Educación, Juventud y Deportes. De dictaminarse aprobatoria dicha propuesta, el Pleno de la siguiente legislatura deberá votar su ejecución, mientras tanto, continúan las presiones para establecer los cambios en el Derrame.
Ley que propone crear el cargo de magistrado auxiliar en la Corte Constitucional
El proyecto de ley reúne dos propuestas legislativas presentado por los diputados Alejando Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), Proponen la modificación de los artículos 9 y 10 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional con el objetivo de crear el cargo de Magistrado Asociado.
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El proyecto de norma busca Otorgar al Congreso las licencias para nombrar un magistrado más en el TC, quien tomará posesión interinamente en caso de que expire el mandato de algún magistrado titular, o en caso de vacante de un magistrado.
La propuesta fue presentada a la Comisión de Constitución, que posteriormente la aprobaría por mayoría. Actualmente, se encuentra en situación de dictamen y será debatido en el Pleno durante la próxima legislatura.