La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, reafirmó su posición en contra de la aprobación del dictamen del proyecto de ley 904/2021-CR, que permite una intervención obligatoria de los padres en la elaboración de materiales educativos, porque consideró que limita las facultades del Ministerio de Educación (Minedu).
En diálogo con TV Perú, el funcionario consideró que esta norma limita las facultades del Minedu en la elaboración de materiales educativos. Anunció que el próximo miércoles en el Consejo de Ministros votará a favor de la observancia de esta ley.
Al ser consultada sobre si la aprobación de este proyecto de ley estaría limitando las competencias del sector Educación, expresó: “La institucionalidad que tenemos siempre puede tener algún ajuste, pero creo que lo que acabas de mencionar, sobre la injerencia de otros sectores en los materiales y contenidos, en los programas del Minedu. También creo que esto afecta a nuestra rectoría. Voto para observar la legislación. Espero contar con el apoyo del Consejo de Ministros y del Presidente”, indicó Miloslavich.
Esta semana, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un comunicado respecto a esta sentencia que fue aprobado por el pleno del Congreso con 88 votos a favor, 17 en contra y 13 abstencionesy quedó exento de la segunda votación con 91 votos a favor, 18 en contra y 8 abstenciones.
“los congreso de la republica aprobó el dictamen del proyecto legislativo denominado Ley que promueve la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú, que limita las facultades del Ministerio de Educación para la elaboración de materiales, textos y recursos educativos y pretende erradicar el enfoque de género en la Escuela Plan de estudios”, indicó el MIMP en el comunicado.
Además, recordó que la Corte Constitucional estableció, en su sentencia emitida en el expediente 01479-2018-PA/TC, que el enfoque de género “Se presenta como una herramienta metodológica que necesariamente debe ser utilizada en el ámbito institucional (y también en el privado), ya que ayuda a materializar las medidas públicas adoptadas para lograr la igualdad real de derechos entre hombres y mujeres”.
Incluso comentó que el Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento en 2019 respecto a la inclusión del enfoque de género en el currículo de la educación básica, tras el proceso iniciado por el colectivo Padres En Acción (PEA), y concluyó que “El Estado tiene el deber de erradicar los valores contrarios a la Constitución, educando a los futuros ciudadanos en el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas” y que los planteamientos, como el cuestionado, que buscan una sociedad más igualitaria no pueden ser sometidos a consulta.
“Hacemos una invocación a congreso de la republica a reconsiderar la decisión tomada, que nos llevará a mantener o agravar la situación de discriminación y violencia que viven nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto constituye un retroceso en la garantía de los derechos adquiridos a una educación integral.”, advirtió el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
