La denuncia del exministro del Interior Octavio Salazar sobre la presencia de más de 800 docentes procesados y condenados por terrorismo en escuelas de todo el país llamó la atención sobre un tema que ha puesto contra las cuerdas a la actual ministra de Educación, Patricia. Habitaciones.
Al respecto, el fiscal antiterrorista, Julio Galindo, también criticó la inacción de las autoridades competentes ante esta grave situación.
“No puedo hablar de cantidades específicas (…) pero hay muchas personas comprometidas que son parte de Sendero, que han estado y al parecer siguen integrando el sector educativo”, dijo en RPP.
Galindo argumentó que lo más crítico es que existe una normativa vigente desde 2010 que podría haber evitado esta situación. “Durante el gobierno anterior, cuando Chang era Ministro, se convocó a una reunión y se trabajó este tema (…) Decreto Supremo 019-2010”, comentó.
Esta norma “vigente y obligatoria” establece que ninguna persona condenada por terrorismo puede impartir clases. “Este hecho lo consideré como un tema resuelto (con este decreto) pero vemos que no fue así”, agregó.
